Declaración institucional

INCIBE adopta una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción y se compromete a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y a adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, mostrando su oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, se compromete a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral, y a adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con INCIBE como opuesta al fraude y a la corrupción en cualquiera de sus formas.

El objetivo de esta declaración es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta haciendo posible su prevención y detección, y desarrollar unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso. Por ello, junto a esta declaración, la estrategia contra el fraude de INCIBE, se concreta en el establecimiento de unos procedimientos adecuados de evaluación del riesgo de fraude y en la puesta en marcha de medidas efectivas y proporcionadas al respecto, a través de un plan de acción (cuando tras la respectiva evaluación, el riesgo neto resulte «importante» o «grave»).

Destinatarios: empleados de INCIBE

Todos los empleados deben colaborar en su más efectiva implantación y cumplimiento, lo que incluye la obligación de comunicación de cualquier hecho o conducta potencialmente irregular a través del canal de denuncias.

Líneas estratégicas contra el fraude:

Disponer de un compromiso firme contra el fraude que implique una tolerancia cero ante el fraude y comunicarlo con claridad.
Desarrollar un planteamiento proactivo, estructurado, específico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar el riesgo.
Desarrollar e implantar un plan de actuaciones contra el fraude que transmita, dentro y fuera del organismo, su postura oficial con respecto al fraude y la corrupción.

Objetivos

Evitar que en nombre o por cuenta de INCIBE, y en su provecho, sean cometidos delitos por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. Igualmente, evitar que puedan ser cometidos delitos, en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de INCIBE, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los representantes legales y administradores de hecho o de derecho, pudieran llevar a cabo tales hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Establecer los mecanismos para que, en caso de que, pese a esta función preventiva, las personas mencionadas cometiesen delitos, poner éstos de forma inmediata en conocimiento de la autoridad competente, cumpliendo así INCIBE con el deber de denuncia que establece la legislación vigente.
Manifestar de manera clara y eficaz el compromiso institucional de INCIBE con el establecimiento de mecanismos de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de interés.
Implementar sistemas de gestión del cumplimiento eficaces que ayuden a alcanzar los objetivos perseguidos por los fondos europeos, dando así cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante MRR), toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un ‘Plan de medidas antifraude’ que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Mejorar la gestión de los recursos públicos.
Fomentar y destacar la integridad de la actuación de la entidad como un aspecto especialmente indispensable.