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Legitimación para la video vigilancia en el lugar de trabajo

Publicado el 20/03/2009, por Samuel Parra Sáez

¿Es necesario el consentimiento del trabajador para que sea grabado mientras realiza sus funciones?

Esta es una pregunta recurrente en muchos foros y jornadas; en principio podríamos entender que para la instalación de sistemas de video vigilancia en el lugar de trabajo, en la medida que puede afectar a la intimidad de trabajadores, debería contarse con el consentimiento de éstos. No obstante, la legislación actual va a eximir de este consentimiento, veamos cómo.

La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, remite en su artículo 2 a lo previsto en el artículo 6.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) donde se establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”, sin perjuicio de que dicho consentimiento podrá quedar excluido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6.2 cuando, el tratamiento sea necesario para el adecuado desenvolvimiento de la relación laboral de los trabajadores con la empresa.  

Por su parte, el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) dispone que “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.

Así las cosas, se desprende que la aplicación del artículo 20.3 ET no legitima por sí solo el tratamiento de las imágenes, si bien este será posible, aún sin contar con el consentimiento del afectado en caso de que el trabajador haya sido debidamente informado de la existencia de esta medida. Por tanto el tratamiento de las imágenes por el responsable del tratamiento, le obliga a cumplir con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la LOPD.

En conclusión, será posible instalar este tipo de sistemas de video vigilancia en el lugar de trabajo siempre y cuando se haya informado al trabajador con carácter previo y de forma individualizada.
¿Pero que pasaría si no lo ha hecho?. Entonces el empresario estaría recabando y tratando datos personales sin consentimiento del afectado, por lo que estaría incurriendo en una infracción grave con multa de entre 60.000 y 300.000 euros.

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