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Medidas de Seguridad y Administraciones Públicas

Publicado el 18/11/2008, por Jorge Campanillas Ciaurriz

Cuando hablamos de la normativa de protección de datos de carácter personal en general y de las medidas de seguridad en particular, prácticamente siempre acabamos hablando de las sanciones graves que acarrea su incumplimiento. Si observamos alguna de las últimas sanciones impuestas, nos encontramos, por ejemplo, con la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (R/01301/2008) de 29 de septiembre donde se impone una sanción de 60.101,21 a una empresa por la aparición en un contenedor de reciclaje de papel de 21 bolsas que contenían gran cantidad de documentación de la misma (la basura, la documentación y su reciclaje continúa dando problemas a las empresas). Sin embargo, si observamos los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en el sector privado, nos encontramos que las sanciones por incumplimiento de las medidas de seguridad son un porcentaje minoritario ante otro tipo de actividades que las empresas realizan y merecen el reproche que la normativa les otorga, por ejemplo, el envío de comunicaciones comerciales no consentidas, la falta del deber de información, etc.  

Si acudimos a los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia a las Administraciones Públicas (en este punto debemos tener en cuenta que existen Agencias en algunas Comunidades Autónomas, como Madrid, Cataluña o País Vasco, que no son competencia de la AEPD), observamos que una gran mayoría de las mismas se producen por posibles incumplimientos de las medidas de seguridad (art. 9 LOPD) o, lo que puede ser peor, el incumplimiento del deber de secreto (art. 10 LOPD) exigido a los responsables de los ficheros.  

Las comparaciones siempre pueden resultar odiosas, pero teniendo claro que la Administración Pública maneja una gran cantidad de datos de carácter personal se debe exigir a ésta un grado exquisito de cumplimiento tanto en las medidas de seguridad como en el deber de secreto al igual que se exige a los ficheros de titularidad privada. Por ello, e incluso para tener una Administración mucho más eficaz y transparente si cabe, se hace necesario un esfuerzo mayor en la misma por implantar medidas de seguridad acordes con los datos que manejan.

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