España enfrenta dos sanciones económicas al no cumplir con una directiva europea
Ante la no adopción, ni el comunicado de medidas de transposición de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de datos personales para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pagar una suma de 15.000.000€ y una multa coercitiva diaria de 89.548,20€.
La sentencia, solicitada al Tribunal por la Comisión, fue impuesta con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, tras expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión del 25 de marzo de 2019 para cumplir con la Directiva.
