Sanción de la Comisión Europea a Temu por incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales
La Comisión Europea anunció a finales de mayo de 2026 la imposición de una multa de 200 millones de euros a Temu por incumplimientos del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA). El caso se centra en la presencia y comercialización de productos ilegales o inseguros dentro del mercado digital de Temu, una cuestión que la Comisión consideró suficientemente relevante como para abrir un procedimiento formal. La actuación se enmarca en los esfuerzos de la Unión Europea por reforzar la protección de los consumidores y aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales que operan en el mercado comunitario.
La decisión se basa en que Temu no habría evaluado adecuadamente los riesgos asociados a la venta de productos ilegales o potencialmente peligrosos a través de su plataforma. La Comisión Europea concluyó que existía una probabilidad significativa de que los consumidores europeos encontraran artículos que no cumplían los requisitos legales o de seguridad establecidos en la Unión Europea. Los principales afectados por esta situación fueron los usuarios y consumidores que adquieren productos a través de la plataforma, al verse expuestos a mercancías que podrían no ajustarse a la normativa vigente. Como consecuencia de estas conclusiones, la Comisión impuso una sanción económica de 200 millones de euros. Además, la empresa deberá presentar y aplicar medidas correctoras destinadas a reforzar sus sistemas de gestión de riesgos, supervisión y control de los productos comercializados, con el objetivo de adecuar su funcionamiento a las obligaciones establecidas por la DSA.
En la actualidad, el procedimiento se encuentra en una fase de cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades europeas. La Comisión Europea ha mantenido vigente la obligación de que Temu adopte acciones correctivas para subsanar las deficiencias identificadas durante la investigación. La empresa ha manifestado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos de la decisión, aunque la sanción y los requerimientos regulatorios continúan siendo efectivos.
